Los afectados por el amianto en Alicante explican su experiencia
Los cuatro procesados en el de Alicante, que fueron absueltos, el día de la lectura del fallo y al fondo, afectados y familiares. / R. M.
«Estoy pensando en darme de baja en la Constitución española». Así de contundente se manifestó ayer, en declaraciones a este diario, el presidente de la Asociación de Enfermos por el Amianto de Alicante, Francisco Martínez Piqueras, tras conocer las indemnizaciones multimillonarias que recibirán los afectados de Unión Naval, y sus familiares en los casos de fallecimiento, por un brote de asbestosis, que sólo se contrae por la inhalación de fibras de amianto, un mineral altamente tóxico.
El caso amianto de Alicante, que sí llegó a juzgarse en una sala de lo Penal tras más de un lustro de instrucción, supuso la absolución hace ahora justo tres años de dos médicos y de dos directivos de la compañía Uralita, de la que dependía Fibrocementos de San Vicente.
«Es exactamente el mismo caso y sí se les ha ayudado a los trabajadores y sus familias», se lamenta Martínez Piqueras, el cual recalca que, a diferencia de aquí, en el casoamianto de Valencia «ni se ha celebrado juicio, porque el juez ha propuesto negociar a las partes y éstas han llegado a un acuerdo satisfactorio». Tanto que las familias de las veinte víctimas mortales y los 51 lesionados recibieron ya el pasado viernes los talones con el importe de indemnización correspondiente, fijada en 200.000 euros para los posibles fallecidos y 110.000 para los enfermos a partir de ahora.
Este acuerdo extrajudicial no tuvo lugar en Alicante. Y ello se debió, según el portavoz y líder de la lucha obrera contra los efectos de la asbestosis, a que «el juez de Alicante (en alusión al de lo Penal 3 de septiembre del 2006) sólo escuchó a la empresa, nunca a los trabajadores». «La Justicia funciona, pero no funcionan los jueces», denuncia Martínez Piqueras, el cual critica la «politización» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que «unos magistrados están con el PSOE y otros con el PP, pero a mí quién me defiende».
Martínez Piqueras, en tono de desazón por el acuerdo ya en marcha en Unión Naval de Valencia, añade que «ya no es sólo el dinero lo que nos molesta; es que este caso terminó literalmente con nosotros y se nos cerraron todas las puertas, porque mucha gente se sigue muriendo con mesotelioma pleural, ex empleados de Fibrocementos, a los que ni se debía operar ya, como dicen todos los protocolos cuando los casos no son incipientes». «Que sepa la Justicia y todos que no estamos muertos», advierte este luchador, ex trabajador de la fábrica de fibrocementos, en cuyo comité de empresa ocupó un cargo destacado precisamente cuando entró en vigor el Reglamento de Trabajos con Riesgo de Amianto.
El presidente de la Asociación en Defensa de las Víctimas del Amianto, Rafael Cremades, explicó ayer, según Efe, que «todos los años salen enfermos, pues es una enfermedad latente, y de hecho ya tenemos algunos preparados para meterlos en el protocolo».
En el caso amianto de Alicante, la Fiscalía pedía tres años de cárcel y cuatro y medio de inhabilitación para los cuatro acusados (dos médicos especialistas en medicina profesional y dos altos directivos de Uralita). Pedía una indemnización de 180.303 euros para cada uno de los 30 lesionados y de 240.405 para los herederos de los ocho fallecidos. La asociación siempre ha mantenido, no obstante, desde que este diario destapara la investigación judicial por la vía de lo Penal del brote de asbestosis en la primavera del año 1999, que la cifra de afectados por los efectos de la asbestosis y sus derivaciones (mesotelioma pleural y cáncer de pulmón) era mucho mayor, no menos de 60 ex trabajadores de la planta alicantina.
Tras ocho años
Tras ocho años de investigación y un juicio de casi dos meses de duración, el Juzgado de lo Penal Número 3 de Alicante eximió de toda responsabilidad penal y del pago de cualquier indemnización a los dos ejecutivos y los dos médicos de Fibrocementos acusados de la muerte de ocho trabajadores y las lesiones causadas a otros 30 por intoxicación de asbesto. Según la sentencia, hecha pública el 1 de septiembre del 2006 en un clima de máxima expectación, ninguno de los imputados tenía responsabilidades en materia de seguridad e higiene y la empresa cumplió «escrupulosamente» con todas las medidas preventivas para salvaguardar la salud de los trabajadores. Sobre los chequeos médicos, el magistrado entendió que no hubo mala praxis por parte de los facultativos
La Tafanera
del.icio.us