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GETAFE, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de primera instancia número 18 de Madrid ha condenado a la empresa Uralita al pago de una indemnización de 1,7 millones de euros a 15 trabajadores de la fábrica de Getafe afectados por la inhalación de fibras de amianto, según informó hoy la Asociación de Víctimas del Amianto (AVIDA) a través de un comunicado.

La asociación presentó hace dos años una demanda por daños y perjuicios contra Uralita en nombre de 28 trabajadores y esposas de estos que cayeron enfermos por el uso del amianto de los que ocho fallecieron, tres de ellos durante el periodo comprendido entre la presentación de la demanda y la celebración de la vista previa del juicio.

Según la asociación, la sentencia declara a Uralita como responsable de las enfermedades adquiridas por los trabajadores con independencia del cumplimiento o no de la normativa reglamentaria sobre seguridad e higiene en el trabajo.

"Se dice textualmente que Uralita generó un riesgo, obtuvo un beneficio y causó un daño por lo que a quien se le causó le debe compensar", agregaron.

No obstante, la asociación recurrirá trece casos que han sido desestimados por la juez por prescripción al haber transcurrido más de un año desde el último diagnóstico de la enfermedad hasta la presentación de la demanda contra la empresa.

El fallo, además de declarar la responsabilidad de Uralita y condenar a la empresa al abono de las indemnizaciones, le obliga a pagar las costas del juicio por lo que en total deberá desembolsar más de dos millones de euros.

La exposición continuada a las fibras de amianto puede provocar distintas enfermedades como calcificaciones de la pleura, asbestosis o cáncer de pulmón por lo que su uso fue prohibido en España en el año 2002.

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«Eso no es lo me han dicho a mí la Junta y el Ayuntamiento», afirma uno de los afectados, quien objeta que «el responsable es quien haya producido esto y quien haya tirado esto, no yo»

latribunadetoledo.es

J. Monroy / Toledo

El edil de Urbanismo y Medio Ambiente, Javier Nicolás, aseguró en la última Junta de Distrito del Polígono que los propietarios de las fincas en las que se acumula el amianto en las inmediaciones del barrio «tienen que tomar cartas en el asunto». En respuesta a las preguntas de IU, Nicolás quiso por un lado tranquilizar a la población sobre los posibles efectos cancerígenos del material. Pero fue muy claro al afirmar que el titular de la finca es el responsable de los residuos, y que el Ayuntamiento ya ha pedido a la Junta que comiencen los trámites adecuados para que desaparezcan los mismos.
El edil de Medio Ambiente reconoció que, una vez limpia la fábrica de Ibertubo por parte de la Junta de Comunidades, todavía queda amianto acumulado en algunas fincas privadas de las inmediaciones del Polígono. Se trata, explicó, de depósitos que provienen de los años setenta. Nicolás explicó que la legislación de Medio Ambiente dice que el titular de la finca es el responsable de estos residuos. El Ayuntamiento ya se ha dirigido a la Junta para que haga los trámites adecuados.
Por lo tanto, ahora la situación «está en manos de la Junta». No obstante, el titular de Medio Ambiente aseguró que amianto sólo es cancerígeno si se toca o respira, y en el caso de estas fincas, el amianto es inerte. Esta afirmación no coincide con las apreciaciones de la Asociación de Vecinos ‘El Tajo’, que lleva meses denunciando la presencia de amianto a quinientos metros del barrio. La Asociación afirma que los restos de amianto se deshacen fácilmente. En ocasiones, basta con que un conejo excave su madriguera para ver cómo sale el material descompuesto. Además, el amianto está creando nuevos meandros en el arroyo Ramagujas, que posiblemente pueda llevarse restos del material.

Los propietarios. Respecto a la responsabilidad de la limpieza, los propietarios de las fincas afectadas parecen estar en desacuerdo con las apreciaciones de Nicolás. Este diario ha conseguido ponerse en contacto con uno de ellos que, sin querer en ningún momento erigirse como portavoz, ni hablar por los demás, afirmó que han recibido una versión muy distinta del Ayuntamiento y la Junta. Él compró la parcela hace años, y se encontró con el amianto. «Yo no soy el responsable, yo no lo he puesto ahí, el responsables es quien lo haya tirado y haya producido eso, y no soy yo», explicó. «Si fuera echarlo en un camión, ya lo habría hecho, pero eso tiene unos costes que yo no puedo con ello», afirmó el propietario, quien además se preguntó por qué no limpió las demás parcelas afectadas quien intervino en Ibertubo. «Porque el amianto no es nuestro», concluyó.

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MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía Uralita deseó hoy que el juzgado de primera instancia número 18 de Madrid, que dejó ayer visto para sentencia el proceso interpuesto contra la empresa por 28 trabajadores de Getafe que enfermaron por la inhalación de fibras de amianto que utilizaban en la fábrica, ratifique que cumplió la Ley en todo momento y negó haber utilizado amianto después de su prohibición.

En un comunicado, la compañía respondía así a las declaraciones del presidente de la Asociación de Víctimas del Amianto, Juan Carlos Paúl, subrayando que lamenta las enfermedades aparecidas como consecuencia de la manipulación del amianto pero no acepta, "por ser de todo punto incierto, afirmaciones tales como que Uralita haya utilizado amianto con posterioridad a su prohibición".

También rechazó que en el juicio se dijera que "'las personas ya eran muy mayores y que de algo tenían que morir', pues lo que realmente se manifestó fue que en la mayoría de los casos las personas que padecen asbestosis tienen una esperanza de vida similar a la de la población general, que es de 80 años".

Uralita reiteró además su confianza en que el juzgado ratifique y confirme los unánimes pronunciamientos favorables de juzgados, Tribunal Superior de Justicia de Madrid y hasta el Tribunal Supremo, "que han declarado probado el cumplimiento por Uralita en todo momento de la normativa de prevención en esta materia en esa fábrica de Getafe".

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El presidente de la Asociación de Víctimas del Amianto, Juan Carlos Paúl, aseguró que el próximo mes de noviembre se dictará sentencia y añadió que espera que les sea favorable lo que conllevaría una indemnización de tres millones de euros.

Según Paúl, los abogados de la asociación rebatieron una por una las manifestaciones de URALITA (URA.MCURALITA

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Última noticiaVisto para sentencia el juicio contra Uralita a la que reclaman tres millones de euros en indemnizaciones Ver más resumen  noticias  perfil  recomendaciones / consenso  gráficos  carteras  histórico  Insider elemento_104_0 = new cotizacionEnNoticia('URALITA', 'cotizacionURALITA_0', 'linkcotURALITA_0',1);)mientras que "ellos han hecho una exposición falta de ningún rigor". "Dijeron que las personas ya eran muy mayores y que de algo tenían que morir", aseguró.

Además, añadió que ahora la jueza se tiene que manifestar por cada uno de los casos ya que cada uno tendrá que tener una sentencia especifica, porque entre los que enfermaron se encuentran varias mujeres que inhalaron la fibra de amianto a través de la ropa de trabajo que llevaban a casa sus maridos.

El presidente de la asociación afirmó que en esta instancia "van a ganar" porque ha habido "una gran diferencia" entre el trabajo y la documentación presentada por los abogados de los afectados con lo expuesto por Uralita. "Han llegado a decir que si nos hemos pensado que vamos a llevar a la ruina a una empresa como Uralita", concluyó.

La asociación considera que la empresa no adoptó las medidas necesarias para proteger la salud de los trabajadores y sus familias mientras que, en el resto de Europa, "sí se tomaban medidas para prohibir el uso del amianto" tras haber sido reconocido por la comunidad científica como el detonante de diversos tipos de cáncer y de distintas enfermedades respiratorias.

Varias decenas de personas se manifestaron a las puertas del juzgado durante los dos días que ha durado el juicio con pancartas en las que se podía leer "Amianto igual a muerte anunciada" y "Uralita culpable".

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En rueda de prensa, el secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Federación de Industria de CCOO-Andalucía, José Casas, fue exponiendo la realidad de la situación por la que pasan los miles de trabajadores que, durante décadas, realizaron su actividad laboral en contacto con el amianto, un elemento que después se prohibió por ser agente cancerígeno.

Casas dio a conocer, en primer lugar, el acuerdo alcanzado con el despacho de abogados londinense gracias al que se defenderán las causas de aquellos operarios afectados por las enfermedades derivadas del contacto con el amianto. Y lo harán tanto en España como en EEUU. Según explicó el representante de Irwin Mitchell para esta causa, José María de Lorenzo, el bufete lleva 40 años defendiendo causas similares en Inglaterra con sentencias pioneras a su favor. Por eso, defenderán y orientarán a las víctimas en la reclamación inicial. Además, también acudirán a EEUU, país que fue uno de los principales suministradores de amianto a todo el mundo, donde tras sucesivas condenas, consiguió crearse un fondo común extraído de compensaciones de las empresas productoras que sirve para indemnizar en todo el mundo al personal afectado.

El mayor problema, como expuso José Casas, es que no existe un registro fidedigno del número de operarios afectados por este elemento en el sector naval. Por eso, reclamó a la administración y a los partidos políticos una acción directa y decidida para reclamar no sólo a las grandes empresas del sector, sino también a las de industria auxiliar, para que faciliten el listado de operarios que trabajaron en estos centros de trabajo desde los años 60 a mediados de los 80.

No obstante, el sindicato ha elaborado su censo estimativo. Según sus cálculos, entre las factorías de San Fernando, Cádiz y Puerto Real trabajaron en las décadas de los años 60, 70 y 80 un total de 24.322 trabajadores fijos de plantilla, a los que hay que sumar 15.700 de contratas. No obstante, para hacer una estimación de cuántos pudieron estar en contacto con el amianto directa o indirectamente, se aplica un porcentaje del 60%. Así, el total de trabajadores posiblemente afectados ascendería a 25.120 operarios sólo en el sector naval de la Bahía de Cádiz.

A esto se suma el hecho de que muchos barcos que pasaron por la unidad de reparaciones y por la Base de Rota procedían de la Flota de EEUU y, como detalló Casas, "en su mayoría estaban recubiertos de amianto". Así, mostró un listado con 39 buques en esta situación, entre ellos el Dédalo, el Galicia o el Castilla. También demandó de las administraciones y empresas una rápida gestión para eliminar este material donde aún permanezca.

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Retiran material tóxico sin seguridad en García Grana

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Las planchas de uralita, material muy tóxico, apiladas en el tejado de un edificio. l. o.

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MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha presentado una proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados por la que insta al Gobierno a adoptar "las medidas necesarias" para que los militares de la Armada que han trabajado en contacto con amianto se sometan a "reconocimientos médicos periódicos", al igual que los trabajadores civiles.

En la proposición, a la que ha tenido acceso Europa Press, el BNG reclama que el Ejecutivo extienda al personal de la Marina que ha trabajado en contacto con esta sustancia mineral tóxica y al que ha resultado afectado por la asbestosis --la enfermedad generada por la inhalación de fibras de amianto-- "el reconocimiento de los derechos laborales, sanitarios y socio-económicos" que tiene el sector civil.

Asegura además que el Gobierno "ha ignorado la situación de los trabajadores de la Armada que han estado en contacto con el amianto" a la hora de adaptar la normativa europea y cuando incluyó en el cuadro médico de enfermedades profesionales la asbestosis, por lo que las Fuerzas Armadas no someten a su personal a "los reconocimientos médicos periódicos que obliga la normativa".

La formación nacionalista gallega subraya en su iniciativa que "debe tenerse presente" que la Armada es "un colectivo que también estuvo en contacto con esta peligrosa sustancia en sus actividades a bordo de buques", "especialmente los trabajadores mecánicos que navegaban a bordo y permanecían en las cámaras de las máquinas y calderas".

"Es el segmento laboral más afectado y que mayor riesgo tiene de contraer la enfermedad de la asbestosis", subraya, en referencia a los mecánicos militares, para después incidir en que el personal civil que trabaja en dependencias de la Armada también "estuvo expuesto al amianto" porque "de hecho" en los acuartelamientos se manipularon "importantes cantidades de esta sustancia tóxica".

Tras recordar las iniciativas parlamentarias que ha impulsado en el Parlamento para reconocer los derechos de los afectados por la asbestosis y mejorar su tratamiento médico y profesional, el BNG asegura que "son muchos" los afectados por esta patología en la zona de Ferrol, "la mayoría por causa de los años de trabajo en contacto con el amianto en el sector naval y también en la Armada".

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COMUNICADO Nº 3

Una vez finalizada la primera ronda de reuniones con la Empresa, la conclusión que extraemos es la esperada, nos encontramos en un momento de tanteo en el que ambas partes mantenemos nuestras posiciones, la CGT, y el resto de Sindicatos seguimos exigiendo la retirada inmediata del ERE, y ROCA sigue intentando convencernos de que la viabilidad de las factorías españolas pasa por reducir sus plantillas.

CGT, sigue y seguirá manteniendo su posición de exigir la retirada de ERE, para empezar a buscar soluciones no traumáticas (si es que son necesarias), hasta donde nos sea posible mantendremos la unidad en la negociación, apoyaremos y propondremos todas las medidas que puedan paliar las crueles intenciones de la Empresa, dirigidas a garantizar la viabilidad en el futuro de las factorías españolas, estas medidas conocidas por tod@s podrían ser:

A estas peticiones, la respuesta de ROCA no ha sido totalmente negativa y parece que en las próximas reuniones se podría seguir hablando de ellas, fijando las condiciones en las que se podrían llevar a cabo, pero no os equivoquéis, esto es el principio y con ROCA las negociaciones giran de un lado para otro en segundos.

Como es conocido por tod@s, CGT esta radicalmente en contra de la destrucción de empleo y alguna de las medidas explicadas anteriormente no dejan de serlo (bajas incentivadas), este punto ideológicamente es bastante espinoso pero ¿Quién puede prohibir que empresa y trabajador pacten económicamente la salida de la empresa?

De todas formas y a “modo de apuntes”, ROCA deberá darnos explicaciones sobre bastantes asuntos que desde CGT nos crean dudas:

ROCA se ha gastado en el ultimo trienio aproximadamente unos 463 millones de euros en comprar empresas en el extranjero, muchas de las cuales son deficitarias, pierden dinero (Brasil, Rusia, Rumania, China, Bulgaria, Malasia...), y donde habrá que continuar invirtiendo más dinero y donde se fabricarán productos marca ROCA, todo ello para intentar mejorar sus cuentas de resultados, en detrimento de las plantas españolas y de sus trabajador@s.

Por ejemplo, en el ejercicio 2006, hubo un grupo de sociedades que tuvieron resultados negativos por importe de 16,5 millones de euros, y otro grupo tuvo resultados positivos por importe de 67,4 millones, 1o que arroja un saldo positivo de 50,8 millones de beneficios. Sin embargo, en e1 2007, las pérdidas aumentaron hasta los 25,4 millones y las ganancias se redujeron hasta 52,2 millones, cayendo el beneficio un 57%, hasta los 22 millones.

Por ejemplo, la sociedad Roca Sanitayware LCC (Rusia) perdió 4,2 millones de euros en e1 2006 y 9,7 millones en el 2007. La sociedad Roca Sanitaryware Trading (Shanghái, China) perdió 5,9 millones en e1 2006 y 3,5 millones en e1 2007. La sociedad Roca Sanitaryware (Xuzhou, China) perdió 1 mi1lón en e1 2006 y 1,2 millones en e1 2007. La sociedad Roca Brasil Ltda., registró unas pérdidas de 12 millones en e1 2007. La sociedad Roca Santekhnika Ltda. (Rusia) registró unas perdidas de 10 millones en e1 2007.

Es necesario analizar detenidamente las cuentas del 2008 de Roca Sanitario y de la Corporación

Empresarial, para determinar como han influido los malos resultados de las filiales en los presuntos 95 millones de pérdidas que sirven de argumento justificativo para presentar el ERE. Que CGT sepa, aún no ha dimitido el Gerente ni ningún alto cargo directivo, ni han presentado ERE’S en estas filiales deficitarias que lastran los resultados de la empresa. Eso si, ROCA pretende que 1o paguemos 713 familias.

Tampoco podemos obviar que una gran parte del enorme volumen de stock de producto acabado que es otro de los argumentos de ROCA como causa justificativa del ERE, se ha provocado artificialmente, ya que son piezas de marca ROCA, pero fabricadas en plantas del extranjero, principalmente Marruecos, Portugal y Polonia.

Desde la CGT, estamos convencidos de que los resultados “negativos” del ejercicio 2008 son meramente coyunturales, que si bien podríamos aceptar que el volumen de ventas nacional ha caído mínimamente, el internacional sigue en plena expansión, que el presunto resultado negativo se debe en parte a actividades ajenas a la explotación de las 3 factorías afectadas por el ERE, a los malos resultados de las filiales, y a inversiones en publicidad. Que este ERE es una burda maniobra de la Gerencia de la Empresa para deslocalizar la producción hacia países extranjeros aprovechando la situación económica del país, e intentar mejorar de paso los pésimos resultados de las filiales deficitarias compradas recientemente.

Estamos convencidos de que este y los anteriores ERE’S eran una estrategia de ROCA con el único objetivo de continuar su expansión internacional a costa del sudor de sus trabajador@s españoles, y ahora no tienen suficiente, y también nos quieren quitar el pan de nuestr@s hij@s, no lo permitamos, luchemos por lo que es nuestro.

PROXIMAS MOVILIZACIONES

“EN ROCA NO SOBRA NADIE, EN TODO CASO, LA DIRECCIÓN”

Salud y empleo

SECCIÓN SINDICAL CGT

www.cgt-roca.com Gavá, 10 de Septiembre de 2009

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Amianto: crónica de una tragedia anunciada 10-08-09 Por Francisco Puche El amianto, asbesto o, como se conoce popularmente en España, la uralita, es responsable de cientos de miles de muertes a lo largo del siglo XX y lo seguirá siendo durante los próximos años. Forma parte de lo que algunos han dado en llamar un genocidio laboral con extensiones en la vida cotidiana de millones de personas que conviven con este nocivo y mortal material a lo largo de los años. Detrás del asbesto, beneficiándose sin pudor, están varias de las mejores familias europeas. Amianto: crónica de una tragedia anunciada A excepción de la pólvora, el amianto es la sustancia más inmoral con la que se haya hecho trabajar a la gente; las fuerzas siniestras que obtienen provecho del amianto (...) sacrifican gustosamente la salud de los trabajadores a cambio de los beneficios de las empresas. (Remi Poppe, ex diputado europeo de los PP Bajos) Cientos de miles de muertes por cáncer se producirán en los próximos decenios como resultado de las exposiciones al asbesto en el trabajo, en el hogar y en el medio ambiente. (CCOO Andalucía, 2007. “Amianto: impacto sobre la salud y el medio ambiente”) Se estima en 100.000 el número de personas que mueren cada año en el mundo de resultas de la exposición al amianto. (OIT, 2006) La extracción, transformación y manejo de los productos que contienen amianto (o asbesto) ha originado, en el pasado siglo XX, decenas de miles de enfermos y muertes prematuras y se espera que en los próximos cincuenta años se producirán centenares de miles, habida cuenta de que existe un desfase entre la exposición a la fibra letal y las manifestaciones de la enfermedad de hasta 30 años y, porque aún, a pesar de ser clara y terminante su nocividad, en cerca de 150 países no está prohibido su extracción, transformación y uso. En los países industrializados es la principal causa de enfermedades profesionales y, después del tabaco, el primer cancerígeno ambiental más mortífero de los conocidos hoy día. Por eso, a esta tragedia, se le ha llamado “el genocidio del amianto”. El amianto se extrae a partir de las minas de serpentina y anfíboles, silicatos cristalinos compuestos de fibras microscópicas, de las cuales las más importantes hoy día están en Canadá, Rusia, Kasakhstan, China y Brasil, y de las que se está extrayendo más de dos millones de toneladas anuales. Hay distintos tipos de asbestos, pero el que más se ha utilizado (y se sigue utilizando) es el crisotilo o amianto blanco que de todas las modalidades es el menos virulento, pero como los demás cancerígeno y patógeno. La contaminación continúa. El amianto se ha aplicado hasta en 3.000 productos diferentes, pero el más abundante y conocido es el fibrocemento utilizado en la construcción y en los conductos de agua. El descubrimiento de esa combinación amianto-cemento (fibrocemento) tuvo lugar en 1900 por el austríaco Hatschek, que murió prematuramente, posiblemente como primera víctima de su descubrimiento. Por el carácter “eterno” que sospechó tendría el producto llamó “Eternit” a las empresas que lo fabricaban. Como sólo daba una licencia por país, desde el principio, se constituyó un grupo de cuatro familias centroeuropeas que pasarían a dominar la producción de esta patente: los Schmidheiny, los Emsens, los Hatschek y los Cuvelier. El temprano cártel constituido bajo la hegemonía de las dos primeras familias (suiza y belga), así como las múltiples interrelaciones societarias entre ellas permite hablar de la multinacional Eternit, un imperio del amianto que ha durado en Europa hasta el 2004, fecha en que Eternit-Bélgica deja de fabricarlo, y que se ha extendido por más de 25 países de todo el mundo. Junto a la compañía inglesa Turner &Nevall, constituyeron en 1929 el cártel llamado SAIAC, basado en la coordinación, los acuerdos de precios y compras, la expansión fuera de Europa, el funcionamiento como lobby para luchar contra la prohibición o reglamentación estricta y para generar opinión publica. La utilización del amianto en este trabajo se focaliza en el fibrocemento porque estos productos absorben la mayor cantidad del asbesto extraído de las minas en el mundo y porque ha estado controlada por una sola multinacional: Eternit. 1. La fibra “asesina” El descubrimiento de las muchas propiedades del amianto hace que se le llegue a llamar el “mineral milagroso”. Su combinación con el cemento y el agua por su indestructibilidad, su resistencia al fuego y su bajo coste lo hacen un estupendo sustituto como material de construcción. Pero muy pronto aparece su carácter letal y la historia de su nocividad se afianza a lo largo del siglo XX, con la aparición de publicaciones médicas de prestigio, a pesar de las maniobras de ocultamiento y descrédito a los que las somete el cártel de Eternit. En 1900 se constata la existencia de abestosis, enfermedad relacionada con el polvo de amianto. En 1930 la relación entre la inhalación de fibras de amianto y la abestosis es definitivamente establecida. En 1955 la inhalación de amianto y cáncer de pulmón queda demostrada. En 1959 los trabajos de Wagner descubren la aparición de cáncer (mesotelioma) en los mineros y en las poblaciones de alrededor, en Johannnesburgo. En 1964-65 los trabajos del equipo del americano Selikoff logran el reconocimiento de la comunidad científica de su nocividad. En 1973 la OMS reconocía que la exposición al amianto causaba el mesotieloma y el cáncer de pulmón. En 1978 en Parlamento Europeo declaraba el amianto como cancerígeno laboral, pero como dice CCOO (obra citada) muchos estados fueron anestesiados por los lobbys industriales y financieros y hasta 25 años después, en 1999, no se prohibía en Europa, entrando en vigor apenas en 2005. El cuadro de enfermedades principales por inhalación de amianto queda establecido, actualmente, como sigue: La abestosis, que afecta al pulmón, con un periodo de latencia de unos 10 años, que mata por asfixia. El cáncer de pulmón, con 10 a 20 años de latencia hasta su aparición. El cáncer de pleura, mesotelioma, específico del asbesto, con 20 a 40 años de latencia. El amianto resulta ser un tóxico pérfido y temible, pues los periodos largos de latencia permiten achacar los tumores al tabaco, por ejemplo; no proporcionan síntomas clínicos precursores y las fibras microscópicas que se desprenden del amianto-cemento son sólo visibles al microscopio electrónico. En todo el ciclo de vida del amianto–cemento, desde la extracción hasta la eliminación de los desechos pasando por su utilización, se liberan importantes cantidades de fibras, que no son fijadas y exponen así a profesionales y a numerosas personas. En el gráfico adjunto podemos ver que en todo el siglo XX, en Suiza, los años 1955 a 1982 han sido los de más transformación de amianto–cemento, y que con un desfase de 30 años han empezado a producirse enfermedades profesionales, que tendrán su punto culminante alrededor de 2010. Como afirma la AISS (Asociación Internacional de la Seguridad Social, fundada en 1927), en un documento de 2006: “Existe un claro consenso científico internacional según el cual el amianto, sea cual sea su naturaleza, es un producto cancerígeno para el hombre incluso en bajas cantidades. No hay ningún amianto bueno. La utilización actual del amianto penaliza a la economía de un país durante más de 30 años. En cuanto al amianto ya existente, aunque implique costos adicionales, la eliminación total es la única solución perenne y realista, si no, las operaciones de mantenimiento serán siempre peligrosas. El reemplazo del amianto puede realizarse en todos los casos. Tanto por razones humanas como por razones económicas, la prohibición de la producción y de la utilización del amianto es ineluctable”. 2. Las víctimas, sus asociaciones y demandas. El caso de Turín Los afectados han tardado más de setenta años en organizarse y en luchar por sus derechos para que se haga justicia, pero las cosas están cambiando rápidamente. Las razones de esta movilización tardía (no olvidemos que el amianto–cemento lleva más de cien años produciéndose) se deben a su carácter pérfido (las varias décadas que tarda la enfermedad en dar la cara), a lo poco que han hecho las administraciones y los médicos de empresa, como denuncia Ángel Cárcoba sin descanso (“no se conoce ni un solo caso en toda la historia judicial en que un médico de empresa o de Mutua haya testificado a favor de las víctimas”) y al lobby-cártel montado por Eternit durante más de 50 años. Como dice R. Sopoor, en mayo del 2002, en la Tribune del Partido Socialista Holandés, “si vosotros atacáis a las empresas de Eternit, país por país, ellas se escurrirán entre los dedos. No son más que filiales de multinacionales, es un caso típico de deslocalización. Las víctimas perseguirán sombras, y el país en cuestión será abandonado con una vasta polución medioambiental”. Pero a partir de finales de los setenta, las víctimas se organizan en Australia y EEUU, les siguen en Japón, en 1987, con la Red para la prohibición del asbesto; en 1989, en Italia se constituye la Asociación de expuestos al asbesto, y partir de los noventa aparecen organizaciones de resistencia en Brasil contra Eternit (1995), en Nicaragua y Perú (1998), en Bélgica (2000), en India (2002)...Y desde 1991 se inician los encuentros internacionales empezando con el realizado en Parlamento Europeo, seguido de la constitución, en 1992, de la Red BAN (por la prohibición del asbesto en el mundo) y de la asociación IBAS (International Ban Abestos Secretariat) que promueve junto al grupo de izquierda europea en el Parlamento la Conferencia titulada “El amianto, el coste de la avaricia empresarial”, en septiembre de 2006. En febrero de 2008 se celebra en Viena la Conferencia sobre el asbesto de la International Trade Union. Las cosas han cambiado. En España es sobre todo el sindicato CCOO el que abandera las luchas y, según ellos mismos, desde la clandestinidad ya empiezan a hacer denuncias, que culminan en 2000 y 2007 con las publicaciones de los libros “El amianto en España” y “El amianto: impacto sobre la salud y el medio ambiente”, amén de organización de las víctimas y presiones en la administración. En España el amianto está prohibido desde el año 2002. El caso de EEUU es especial pues todos los asuntos han de reclamarse en los juzgados, por litigación. Pues bien, si en 1982 había 21.000 demandas en 2000 se elevaron ya a 600.000 y las empresas demandadas pasaron de 300 a 6.000. Esta situación ha hecho decir a un magistrado del Supremo que tal “elefantiasis” era mejor gestionarla por vía legal que jurisdiccional. Pero todo este movimiento ha culminado, por el momento, en el juicio de Turín que comenzó el pasado 9 de abril y en el cierre de AVINA, una entidad filantrópica del magnate del amianto S. Schmihheiny, fundada en 1994, y reflotada financieramente en 2003, dedicada a lavar la imagen del suizo, a seguir haciendo negocios y a confundir a los movimientos sociales de resistencia al capitalismo con financiación y penetración en los mismos. En el juicio de Turín los principales acusados son S. Schmidheiny y J.L. de Cartier, responsables y propietarios de Eternit Suiza y Bélgica, uno desde 1973 a 1986, y el otro en 1972. Es por tanto un juicio con carácter retroactivo, en cierto modo contra el cártel que ha dominado, en el siglo XX, la producción de amianto en el mundo. Se ha hablado de él como del “Nüremberg” del medioambiente. Se acusa a Eternit de falta de prevención y daños por el amianto que ha causado la muerte a 2.619 empleados y se pide un millón de euros de indemnización por cada víctima y unos trece años de cárcel a Schmidheiny. “¿Quién podía saberlo?”, se pregunta ahora Luisa Minazzi, que de pequeña jugaba en el patio entre polvos de eternit que su padre traía de la fábrica como si fuese algo maravilloso. Dice Luisa que los responsables "deberían ser juzgados en La Haya por crímenes contra la humanidad", y uno se pregunta qué sucederá con toda la uralita que hay en los pueblos de Europa, que sigue en el mismo sitio donde fue colocada hace 30 o 40 años” (Rossend Doménech, Roma, 2008). Mientras Sthepan Schmidheiny ponía a buen recaudo parte de su fortuna (a modo de un alzamiento de bienes, por lo que sabía que se le vendría encima para reparar parte de los daños infligidos a las decenas de miles de víctimas del asbesto) y a bombo y platillo, en Costa Rica en 2003, en presencia del embajador norteamericano y el del presidente del Banco Mundial, entre otros, constituía un fondo denominado Viva Trust para financiar la ya extinta Fundación AVINA, un ex-trabajador de su fábrica de Brasil, que había trabajado durante treinta y ocho años, le escribía por navidad de ese mismo año, y le decía: “Nosotros los ex-colaboradores de Eternit Osasco, hemos trabajado ignorando los riesgos del amianto, con abnegación y el orgullo de construir el imperio del amianto cemento para vuestra familia Schmidheiny. ¿Pero qué hemos recibido a cambio? Una bomba de efectos retardados implantada en nuestros pulmones. Le adjunto una fotografía de los supervivientes de Osasco para ver si se le conmueve el corazón contemplando estos restos humanos en que han devenido vuestros viejos colaboradores de los tiempos dorados de Eternit. Le pedimos que, ya que ha donado 2.2 millardos de dólares para obras filantrópicas, si estaría dispuesto a donar solamente algunos millones para la Asociación brasileña de las víctimas del amianto. (Firmado Joao Francisco Grabenweger)”. Este trust con el que ha estado financiando Avina tomaba a su vez financiación de, entre otras empresas, una denominada AMANCO, dedicada a fabricar tubos para conducción de agua, especialmente en Latinoamérica. Esta es una de las razones por las que AVINA ha estado tan interesada en temas de agua y en denunciar la falta de saneamiento de cientos de millones de personas en el mundo: como en muchos países no estaba prohibido, ha usado en las instalaciones, evidentemente, el fibrocemento para las instalaciones de agua (también el PVC) y los líderes de los movimientos sociales a los que ha financiado jamás han fomentado los saneamientos en seco, sin necesidad de tuberías, que son en muchos casos alternativas viables y ecológicamente más recomendables (no necesitan depuración, no contaminan, se aprovecha el compost). 3. Las familias responsables de Eternit: Schmidheiny y Emsens Ya hemos visto cómo el lobby, multinacional y cártel denominado Eternit, ha dominado la producción del amianto en el mundo por cerca de 100 años. Fruto de este monopolio, que tuvo su periodo de máximo esplendor entre los años sesenta y ochenta del siglo XX, dos familias principalmente (la suiza Schmidheiny y la belga Emsens) se colocaron a la cabeza de los magnates del mundo. El lobby de Eternit, como dice Remi Poppi, “la fuerza siniestra que obtienen provecho del amianto, no se lo piensa dos veces a la hora de recurrir al chantaje, el engaño y las prácticas deshonestas para proteger (...) los beneficios de las empresas”. En el caso de Nicaragua se instalaron con el nombre de Nicalit, compartiendo propiedad con el dictador Somoza (40% de participación) y estuvieron produciendo amianto-cemento desde 1967 hasta 1993. Las víctimas también están organizadas para su defensa. En la Conferencia sobre el asbesto celebrada en Viena, en febrero del 2008, organizada por el International Trade Unions, María Roselli presentaba su libro titulado “La mentira del asbesto”,en el que revelaba las muchas mentiras a las que el pueblo ha sido sometido por las compañías en relación al asbesto y manifestó haber encontrado a una víctima letona viva, testigo de los trabajos esclavos a que Eternit sometía en Alemania a algunos trabajadores, durante la Segunda Guerra Mundial. Los Schmiheiny admiten que tuvieron que hacer algún tipo de colaboración con el nazismo, aunque niegan lo de la esclavitud. En el sumario de Turín también figuran los italianos deportados a Alemania durante la segunda guerra mundial, obligados a trabajar con amianto. La magnitud de la responsabilidad de estos magnates tiene que ver con la cantidad de amianto movido en los más de cien años de uso del mismo. Se sabe que más de 200 millones de toneladas de asbesto han sido utilizadas en el mundo, de las cuales 80 millones están instaladas en Europa y 2,6 millones en España. Y se sabe que el riesgo de inhalación de fibras está presente en todo el proceso: extracción, preparación, transporte, transformación, aplicación, uso, almacenamiento, destrucción y gestión de los residuos. “Actualmente unos 125 millones de personas de todo el mundo se encuentran expuestas al amianto en su lugar de trabajo. Estimaciones globales muestran que todos los años mueren, como mínimo, 90.000 personas de cáncer de pulmón, mesotelioma y asbestosis debidos a la exposición al asbesto por motivos profesionales. Además, se estima que pueden atribuirse varios miles de muertes adicionales a otras enfermedades relacionadas con el amianto y a exposiciones a esa sustancia que no son de índole profesional” (OMS, sept. 2006). Y como dice el Comité de ayuda y orientación a las víctimas el amianto (CAOVA, 2006) la responsabilidad de estas familias “hacia las víctimas del amianto en el mundo está a la medida de sus fortunas y del imperio mundial que han construido en el curso del siglo XX sobre el secreto, la mentira, y la manipulación de la opinión pública”. Estas familias históricas dejaron la producción en 2004, al menos en Europa que para esas fechas, en la mayoría de los países, estaban su producción y uso prohibidos. Pero han tomado el relevo los países que como Canadá, Rusia, etc. siguen extrayendo cada año cerca de 2,5 millones de toneladas y se siguen usando en los más de 140 países en los que aún no está prohibido el amianto, con las consecuencias a largo plazo para la salud que aquí han sido descritas. Hay muchas voces que piensan que los responsables máximos deben ser juzgados en el Tribunal Penal Internacional por tratarse de crímenes de lesa humanidad. 4. El caso de España: Uralita, Eternit y los March En España, el amianto es más conocido por su nombre comercial, uralita, que por su nombre propiamente dicho. En efecto, en 1903 se funda la sociedad con ese nombre y en 1920 empieza a fabricar fibrocemento. Es en 1959 cuando Eternit compra un paquete importante de acciones y Uralita SA entra a formar parte de la multinacional del amianto que domina en todo el mundo. En los años 70 del pasado siglo, el Grupo March era el principal accionista y Juan March su presidente. De este personaje dijo J. Fortuny en el periódico Avui, en 2001, que ésta y otras empresas las obtuvo del franquismo como “parte de un botín de guerra”, pues no en vano este magnate que se enriqueció con el contrabando “apoyó financieramente la rebelión militar de 1936 contra el Gobierno republicano”. Como el amianto daba mucho dinero, el imperio de los March llegó a ser la séptima fortuna del mundo; esto nos recuerda a los suizos y belgas en el enriquecimiento rápido en base a la salud de los trabajadores y de los ciudadanos. La empresa Uralita ha declarado durante muchos años unos beneficios netos de miles de millones de las antiguas pesetas y de cientos de millones de euros. Por ejemplo, entre enero y septiembre de 2007 obtuvo unos beneficios netos de 70.9 millones de euros. Así, mientras los “productores e importadores de este mineral ‘asesino’ aumentan sus beneficios, millones de trabajadores y ciudadanos mueren de cáncer” (Cárcoba, 2008). En España se ha estado produciendo hasta el 2002 en distintas localidades. Fruto de toda esa producción se ha calculado por la Asociación de Víctimas del Amianto (AVIDA) que “hasta el año 2010 se producirán unas 1.500 muertes anuales de personas expuestas al amianto entre 1960 y 1975. Entre 2010 y 2025 esta tasa aumentará hasta 2.300 muertes entre la expuesta hasta 1990. Del 2025 al 2040 empezará a decrecer situándose en 700 muertes por año entre la expuesta a partir de los 90”. En enero de 1999 la Comisión Europea encargó un informe en el que se concluyó que “en las tres primeras décadas del 2000 se producirán 500.000 muertes en Europa debidas al amianto, de las cuales entre 40.000 y 56.000 se darán en el estado español concentradas en Cataluña, Galicia, Madrid, Andalucía, País vasco, Valencia y Asturias”. El Col-lectiu Ronda, cooperativa de abogados que lleva treinta años defendiendo víctimas del amianto, sostiene que la actitud “irresponsable de Uralita SA afectó a sus familias, a sus obreros y todos los vecinos de Cerdanyola… Y la cadena de despropósitos (engaños, silencios y negación de la realidad) constituyen los elementos de un drama del que algún día tendrán que responder muchos”. Y no hay que olvidar que quedan instaladas y produciendo asbestosis y otras enfermedades, cerca de tres millones de toneladas de amianto en España. 5. El Tribunal Penal Internacional Ante la gravedad de un asunto como el amianto (y quizá en el futuro, si no se remedia y se aplica el principio de precaución, las consecuencias de la nanotecnología) se han alzado distintas voces a que un Tribunal Internacional juzgue a los responsables de este presunto delito de lesa humanidad. Por ejemplo, Ángel Cárcoba, desde el departamento de salud laboral de CCOO, en su alegato titulado “Yo acuso”, argumenta: “El amianto era pues, y es, una catástrofe sanitaria anunciada y previsible. Pero, increíblemente, es muy poco o nada lo que se ha hecho para evitar esta hecatombe (…) Mientras no se entienda que el derecho a la salud va más allá de la negociación laboral, hasta fundamentarse en los principios de ciudadanía, seguiremos asistiendo impávidos a crímenes contra la humanidad. Ante esta situación hago un llamamiento para la creación de un Tribunal Penal Internacional del Trabajo, donde comparezcan y se diriman las responsabilidades de quienes convierten el trabajo en lugares de violencia, enfermedad y muerte”. 6. El Tribunal Penal Internacional. Asuntos y reivindicaciones pendientes Después de todo lo dicho se deduce que queda pendiente lo siguiente: La prohibición total del amianto (de todo tipo y para todos los usos) en todo el mundo. Quedan aún más de 150 países en donde está permitido su extracción, transformación y uso. Existen asociaciones internacionales que luchan en este sentido (Internacional Ban Asbestos Secretariat, entre otras). La atención e indemnización a las víctimas habidas y por haber. En lo relativo a cuidados médicos, jubilaciones anticipadas, pensiones de viudedad y resarcimiento económico, si cabe, a todas las víctimas. Según el principio “quien contamina paga”, deben ser las empresas del amianto las que corran con los gastos de los daños, especialmente la multinacional Eternit que durante cerca de cien años ha enriquecido a unas pocas familias de magnates. No es de recibo que Sepan Schmidheiny pretenda hacer obras de caridad con fundaciones como AVINA a costa de los deberes que ha contraído con tantos millones de personas. E igualmente, la financiación que esta Fundación ya ha depositado en otras asociaciones y en líderes-socios debe devolverse a las víctimas del amianto. Ni es tampoco de recibo que con cargo al erario público se paguen estos gastos, que es dinero de todos. Debe hacerse justicia y procesarse penalmente los responsables de este presunto crimen, especialmente las familias de la multinacional Eternit. Debe prohibirse el traslado de residuos tóxicos con amianto a países empobrecidos, desde los países ricos, como el caso del desguace del portaviones francés Clemenceau al que Greenpeace logró parar en 2006. Como decía más arriba el AISS, “en cuanto al amianto ya existente, aunque implique costos adicionales, la eliminación total es la única solución perenne y realista, si no, las operaciones de mantenimiento serán siempre peligrosas”. Igualmente, aplicando el principio del contaminador-pagador corresponde básicamente a las empresas Eternit, a sus filiales y aliadas el pago de la desamiantización del planeta. Sirva el amianto como antecedente de lo que nos puede venir con la aplicación temeraria de las nanotecnologías, pues ya se tienen evidencias de que “los nanotubos de carbono pueden producir en tejidos corporales de ratones daños similares a los que causan las fibras de amianto” (Riechmann, 93). Por último, será difícil separar el amianto de la Fundación AVINA, obra del magnate Schmidheiny (ver informe Avina); y será difícil que todo aquello que venga de la mano de líderes-socios no traiga consigo la sospecha de lo “avinesco”, es decir todo el contexto histórico del amianto y todo el de los intentos de esta fundación de cooptar a líderes de los movimientos sociales para hacerlos inocuos y para hacer más fácilmente sus negocios. Se impone en España y Latinoamérica un proceso de desavinación para poder recuperar la confianza perdida y para poder eliminar el fondo de sospecha que late con aquellos movimientos y líderes que han elegido tales compañeros de viaje y tal financiación. No se puede perder la memoria histórica de lo que este acontecimiento ha supuesto para los trabajadores, sus familiares y para los movimientos sociales. Hay que hacer justicia, reparación y ver las evidencias. www.ecoportal.net

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La gloria de tiempos lejanos y el ocaso del presente se funden entre los fierros retorcidos, herrumbrados, que desde hace años duermen en ese predio de nueve hectáreas, con vista privilegiada al río, donde desde la década del ‘20 está enclavada, en el corazón de barrio Sarmiento, la central térmica Sorrento.

La parte antigua de la usina, hoy cercada por un espeso yuyal, fue construida por la firma Servicio Eléctrico Rosario, de capitales belgas; después pasó a manos del Estado, y la manejó durante casi medio siglo Agua y Energía, hasta 1993. En esa fecha la adquirió el empresario Sergio Taselli, un comodín que compró durante la época menemista varias firmas estatales, entre ellas Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, donde murieron 14 obreros en 2004 en un “accidente laboral”, que le valió que el gobierno le retirara la concesión. Desde hace cinco años, en el muelle de Sorrento quedó fondeado un barco que sirve, quizás, para amarrar las historias. Esa nave provenía de Río Turbio y quedó abandonada con dos marineros que hoy utilizan el buque como vivienda.

Vaciamiento. El sindicato de Luz y Fuerza denuncia desde hace tiempo que el empresario no sólo no invirtió un centavo en la usina, sino que ni si siquiera aportó fondos para el mantenimiento mínimo de la central, que ahora sólo puede generar 80 megawatts, la mitad de su potencia.

“La usina se encuentra en un estado total de abandono”, aseguró el viernes pasado Alfredo Romero, secretario general del sindicato, tras una asamblea con los 49 operarios que mantienen un paro por tiempo indeterminado. Reclaman que Taselli cumpla con la promesa que hizo en abril pasado, cuando acordó con el gremio abonar un 20 por ciento de aumento salarial para 2009. En el marco de las paritarias, desconoció el acuerdo y ofertó pagar a los empleados 300 pesos (de suma no remunerativa) en concepto de ajuste salarial. Tampoco depositó el sueldo de agosto.

Pero más allá del reclamo sindical, los trabajadores quieren que el Estado se vuelva a hacer cargo del manejo de la central. El planteo es simple; está escrito en la mayoría de las paredes del predio cercano al parque Alem. El apellido Taselli se complementa con innumerables calificativos: “traidor, vaciador, ladrón”. Incluso, debajo de un mástil, donde en otros tiempos flamearon banderas, hoy hay tres muñecos blancos, símil momias, que oscilan ahorcadas por una soga. “Esos somos nosotros”, indica un empleado. Un técnico enviado por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, recorrió el predio esta semana para evaluar la potencialidad de la usina. Una posibilidad es que si el Estado le retira la concesión a Taselli, quien tiene contrato hasta 2023, el manejo de Sorrento podría pasar a manos de Enarsa.

La central no sólo está virtualmente tomada por los trabajadores –que hacen una huelga en el lugar de trabajo– sino que fue clausurada esta semana por el Ministerio de Trabajo de la provincia. Los inspectores detectaron 19 irregularidades que representan –según dejaron sentado en un acta– “un riesgo grave e inminente para la salud de los trabajadores”.

El colmo de una usina. “En gran parte de la usina Sorrento no hay electricidad”, dice un operario, quien ingresó a trabajar a la usina hace 19 años y desde hace 13 está en la sala de comandos, que entre los operarios tomó el nombre de “tablero”. Como es difícil de creer lo que afirma, decide demostrarlo. Prende y apaga la llave de una de las paredes de la administración. Y nada. No se enciende ningún tubo fluorescente. “Es difícil de creer, pero es así”, dice resignado. En el hall de ingreso a la administración, donde antes había vida, empleados, escritorios y papeles, en dos macetones de losa dos plantas resisten la sequía, que no es por la falta de lluvias, sino porque el servicio de agua corriente está cortado desde hace medio año. “No existe más la administración, porque Taselli se fue desprendiendo de la gente y llevó todo a sus oficinas en Buenos Aires, donde centralizó el manejo de todas sus empresas”, señala un referente gremial, que hace de guía en la recorrida que realizó Crítica de Santa Fe por la usina.

El piso del galpón donde se encuentra el único generador que está en funcionamiento en la planta está recubierto por una película blanca de guano de paloma. La pedrada de 2006 rompió los vidrios de ese galpón gigante y nunca fueron reemplazados. Como no hay servicio de limpieza el desperdicio de las palomitas se empezó a acumular junto con las decenas de bolsas de basura que se almacenan en los rincones.

Del techo cuelga un cartelito prolijamente pintado que dice: BabCok Power 1981. Presión de diseño 146,2 kg-cm2. “Esto es tecnología inglesa. Es muy buena máquina, pero como desde hace años no se la mantiene, se vino abajo”, explica el guía. “Antes, los mismos empleados fabricaban los repuestos. Pero el taller fue desmantelado”, agrega y comenta que Taselli comenzó a tercerizar algunos trabajos de mantenimiento. “Como no hay gente capacitada en la ciudad para el mantenimiento de máquinas de este tipo, la reparación estuvo a cargo muchas veces de gente que arreglaba calefones”, comenta con ironía otro compañero. La caldera es una montaña de hierros oxidados. Las chapas que recubren la parte externa comenzaron a desprenderse y empezaron a quedar a la intemperie las capas de amianto, un material muy contaminante que desde hace años está prohibido. Con cada brisa, el amianto se esparce por el parque Alem, barrio Sarmiento y Alberdi.

La parte más antigua de la planta está clausurada desde hace más de diez años. Los edificios antiguos construidos por la compañía belga son reliquias que no se derrumbaron gracias a los materiales nobles con los que fueron edificados. Allí hay dos generadores más chicos, de 33 megawatts, que son chatarra. Taselli ordenó soldar las puertas de esos dos sectores y nadie más pudo entrar. Adentro murieron esas máquinas.

Todos los vidrios están rotos y del techo cuelgan vigas de hierro que caen como telas. “Los ladrillos son de principio de siglo made in Bélgica”, recuerda el guía con cierta melancolía, que flota en una escenografía que denota los estertores del Estado entre las máquinas herrumbrosas, cubiertas por helechos silvestres

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Los componentes de los coches suponen ya la mayoría de los residuos peligrosos tratados

Desde 2002 , la normativa obliga a depurar baterías, neumáticos, vidrios y aceites

Las nuevas reglas de medio ambiente prohíben fabricar coches con plomo, mercurio o cadmio

Los tradicionales desguaces han dejado paso a centros de descontaminación de residuos peligrosos.Foto: javier bergasa

janire fernández santos

vitoria. La mayor parte de los residuos peligrosos tratados en las plantas de descontaminación de Álava y el resto de Euskadi proceden ya de componentes de motos, coches y camiones. No porque haya aumentado el número de vehículos, ni porque ahora tengan materiales más contaminantes, sino porque, al contrario que antes, cuando el destino final de los automóviles era el desguace, ahora la normativa en materia de medio ambiente obliga a depurarlos en Centros autorizados de tratamiento (CAT).

Antes de que, en 2002, entrara en vigor esta normativa medioambiental aprobada dos años antes, la mayor parte de residuos de automóviles iban a parar al basurero. Según la Agencia europea del medio ambiente, en el año 2000 se generaron 2,2 millones de toneladas de restos de coches, de los cuales 1,8 fueron a parar a vertederos. Por aquel entonces existían en el estado cerca de 3.500 desguaces, a los que iban a parar la mayor parte de los 700.00 vehículos abandonados cada año, según datos de un informe de Consumer Eroski. Ahora, las normas medioambientales establecen protocolos para eliminar losingredientes negros , como baterías, catalizadores, zapatas de freno con amianto, neumáticos, aceite, y otros fluidos.

Es más, el correspondiente Real Decreto (el 1283/2002), establece una serie de medidas preventivas que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar el vehículo para que, cuando le llegue su final, sea más fácil reutilizar y tratar sus componentes. De hecho, la normativa prohibe en los coches de nueva producción la presencia de plomo, mercurio, cadmio y cromo hexavalente, salvo en algunas piezas como llantas, cojinetes y bombillas.

Una vez llegada la hora del despiece, las plantas especializadas deben emitir un certificado de destrucción y descontaminar los vehículos en zonas especialmente acondicionadas para tal fin. Disponen de 30 días como máximo para deshacerse de los elementos más peligrosos: entre otros, el combustible, el aceite del motor, el aceite de transmisión, el líquido refrigerante, el anticongelante, los catalizadores, los vidrios y los neumáticos.

Los materiales son separados en distintos contenedores adaptados a cada material para poder después reciclar los restos.

Actualmente, del total de las empresas consagradas al reciclaje de algún tipo de residuo peligroso (material sanitario, pilas...), la mayoría se dedican a descontaminar vehículos. En Euskadi existen 43 empresas de este tipo autorizadas por el área de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, encargada de verificar que cumplen con todas las exigencias legales establecidas.

destino obligado Cuando a un coche le llega su fin, el propietario está obligado a llevarlo directamente a alguna de estas plantas o, si no, entregarlo en alguna instalación de recepción que se encargue de hacerlo. También los vehículos abandonados acaban en algún CAT. En Vitoria, el Ayuntamiento ha retirado y descontaminado 800 coches abandonados desde el año 2006. Asimismo, de enero a junio de este año ha recogido 106 turismos y 23 motocicletas de las calles vitorianas para proceder a su reciclaje.

120 millones Por su parte, la industria elimina sus propios residuos peligrosos. Se calcula que las empresas de Euskadi dedican 120 millones de euros al año aliquidar esos restos. Por otro lado, según los datos de Ihobe -la sociedad pública de gestión ambiental del Gobierno Vasco-, los residuos asimilables (similares a los urbanos) de las instituciones, los comercios y las industria suman, de media, 139 kilos por habitante y año, lo que supone un 25,5% del total de residuos.

Asimismo, según los datos de Ihobe la recogida selectiva de los distintos tipos de restos ha ido aumentando año tras año. Basta con volver la vista tres lustros atrás: en 1994, se recogieron en Euskadi 11.757 toneladas de vidrio; once años después, en 2005, esta cantidad se había triplicado (se recogieron 39.193 toneladas). También los números de reciclaje del resto de residuos se han disparado; tal es el caso de los aceites, los plásticos y los productos metálicos que suponen un riesgo para el medio ambiente y, en consecuencia, para la salud.

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EL AYUNTAMIENTO DE ARCHENA PERMITE TIRAR EN CALLES RESTOS DE URALITA QUE PUEDE PRODUCIR CÁNCER

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Una treintena de personas aguarda juicio tras denunciar que están enfermas por el amianto de una fábrica

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Lavar el mono de fábrica de sus maridos puede matarlas, y muy pronto. Es lo que temen tres de las mujeres que dicen estar afectadas por el amianto con el que fabricaba sus piezas de construcción la empresa Uralita en Getafe. Los trabajadores llevaban a casa las partículas tóxicas, que quedaban colgadas sobre la calle en los tendederos. Estas mujeres, junto a 28 personas más, esperan el juicio que empezará el mes próximo y que decidirá si la empresa es responsable de sus enfermedades pulmonares.

Las nuevas noticias de un caso similar en Valencia han reavivado las esperanzas de los afectados de Getafe; ayer se conoció que la empresa Unión Naval de Valencia ha aceptado su responsabilidad en 20 muertes y 51 lesiones por el amianto. Los afectados de Getafe pelean sin éxito desde hace una década por que se reconozca la implicación de la sustancia en los cánceres de trabajadores y familiares de la planta.La sentencia de Valencia condena a Unión Naval a pagar 11 millones a 71 trabajadores víctimas de enfermedades relacionadas con el amianto (entre 110.000 y 250.000 euros a cada uno). Las reclamaciones de los afectados getafeños se mueven en lo más bajo de la horquilla: unos 120.000 euros por caso. "Nos preocupa sobre todo asegurar que los enfermos tengan una buena atención. Sabemos que muchos no llegarán al final del juicio", explica Juan Carlos Paúl, presidente de AVIDA, la Asociación de Víctimas del Amianto. Esta sustancia puede dañar el sistema respiratorio y causar tumores.

Cuando AVIDA presentó su segunda denuncia colectiva el mes pasado (la primera desembocará en juicio el mes que viene), un portavoz de la compañía declaró que Uralita "vivía el proceso con gran tranquilidad". Ayer ningún responsable de la compañía respondió al teléfono para comentar si el reconocimiento de su responsabilidad por parte de Unión Naval de Valencia podía influir en su posición. "Hasta el momento todas las demandas laborales y civiles que se le han impuesto a la compañía han sido favorables a ella", comentó en su momento el representante. Efectivamente, cada una de las sentencias laborales (cerca de 40) ha respaldado a Uralita. "Ellos se adaptaban a la legislación laboral de la época. Eso es indiscutible", plantea Paúl. "Lo que ocurre es que, más allá de la ley, conocían los efectos del amianto: hay estudios que lo atestiguan", esgrime. Por eso AVIDA ha intentado la ofensiva legal por la vía civil. Los resultados tampoco han sido espectaculares: de las cuatro demandas presentadas, tres fueron derivadas a la jurisdicción laboral, y la otra se falló a favor de Uralita. Ésta es la primera vez que la asociación presenta un proceso conjunto. "El antecedente de Unión Naval es positivo. Nos admira que la empresa se declare consciente del daño causado", dice Juan Carlos Paúl.

La denuncia colectiva la acompañó una comitiva de 50 miembros de la asociación, algunos de los cuales llegaban en autobuses a los juzgados de plaza de Castilla con bombonas de oxígeno en los brazos. "A ver quién va con uno de estos en el taxi", bromeaba un afectado. La asociación ha anunciado que pretende presentar una demanda cada seis meses con 30 casos nuevos. La cantidad de afectados en la región es difícilmente calculable, porque incluye desde trabajadores que manipularon el material hasta a personas que se expusieron a él moviéndose en ambientes en que flotaban partículas. AVIDA estima que pueden ser cerca de 25.000.

La Consejería de Empleo comenzó a trabajar hace unos años en un registro de posibles afectados que incluía sólo a los directos. El objetivo era encontrar a los trabajadores que potencialmente estuvieron en contacto con el material entre los años cincuenta y 2001 (fecha de su prohibición) para asegurar un seguimiento adecuado de los posibles problemas de salud derivados de la manipulación del mineral. En 2007, la Consejería anunció que tenía localizados a 2.700 de los 4.200 miembros de su censo, que incluía albañiles, fontaneros o mecánicos. Ayer la Consejería no pudo contactar a ningún técnico que le confirmara a este periódico si los otros 1.500 casos que merecían seguimiento han sido localizados.

Las administraciones se han comprometido en numerosas ocasiones a respaldar a las víctimas, pero no está probado que sus iniciativas hayan llegado siempre a buen puerto. Hace dos años, el Ayuntamiento de Getafe anunció que sería el primer municipio en elaborar un censo de edificios con el material, pero ni los afectados tienen noción de que sea así ni el Ayuntamiento es capaz de confirmar que el proyecto siga adelante. La Comunidad anunció que se pondría a la estela de Getafe en ese registro; hasta el momento parece que se ha inspirado en el mismo principio de inmovilidad: a nadie le suena en las oficinas de Vivienda y Medio Ambiente un censo similar.

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